El control de la inmigración prioridad en el debate electoral

BARCELONA- Ninguno de los candidatos a la Generalitat lo hubiese imaginado hace cuatro años, pero el control y 

gestión de la inmigración se ha colado en la campaña electoral para protagonizar un debate más que encendido. Los datos de la última Legislatura lo atestiguan. Municipios con un alto porcentaje de extranjeros, como Salt (Girona) o Badalona y Vic (Barcelona), acapararon la actualidad informativa. Si a estos factores le sumamos que la inmigración es la cuarta prioridad para los catalanes, según las propias encuestas del Govern, y que la comunidad es líder en el número de extranjeros en su censo, la ecuación sobre cómo gestionar a este sector de la población está servida.
El PP ha despuntado en plena campaña electoral al colocar en el punto de mira y sin complejos este debate. Uno de sus anuncios electorales critica abiertamente el «papeles para todos» de Zapatero y los populares han hecho suya la propuesta de vetar del empadronamiento a los «sin papeles» y delatarlos a la Policía. Su candidata, Alicia Sánchez-Camacho también apuesta por un contrato de convivencia por el que los extranjeros se comprometerían a abandonar España si se quedasen sin trabajo. Unas propuestas que levantan duras críticas entres sus oponentes.
La avanzadilla del PP no es infundada. En los últimos cuatro años Cataluña ha tomado el mando de la gestión de los símbolos religiosos. En esta Legislatura se creó la Ley de Regulación de Centros de Culto y en mayo de este año, Lleida  prohibió en edificios de titularidad municipal el uso de velos integrales como el burka y el niqab.  Otra de las problemáticas es la gestión educativa. La red pública concentra al 80 por ciento de los recién llegados a la comunidad. El consejero de Educación no dudó en avivar la polémica al afirmar que los extranjeros son culpables de arrastrar a la comunidad en sus denostadas cifras de fracaso escolar. 

El 54% quiere que se endurezca la Ley de Inmigración
Sólo el 39,2% se muestra en contra de endurecer las leyes sobre la  inmigración ilegal. El 51,6% de los jóvenes quiere que se combata. Los más mayores, con un 58%, son los más partidarios de la regulación.