El Gobierno ofreció ayer al PP la firma de una «gran pacto nacional por la inmigración», pero el PP lo rechazó. Pese a que populares y socialistas están de acuerdo en que no debe haber más regularizaciones, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, aseguró que el pacto no es posible hasta que el Gobierno no reconozca sus «errores» y retire al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, las competencias sobre inmigración.
Las declaraciones de Mariano Rajoy ante la cúpula del PP en las que se mostró contrario a las regularizaciones y exigió reforzar los mecanismos de control animaron al Gobierno a plantear un pacto de Estado sobre la cuestión.
Durante su discurso ante los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso y el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, invitó al PP a sumarse a la política de Extranjería del Gobierno, que consideró «responsable, sensata y firme». Según aseguró, todas las medidas que propuso el líder del PP para luchar contra la inmigración ilegal ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo. Entre las propuestas de Rajoy se encontraba la prohibición por ley de las regularizaciones masivas de extranjeros, algo que De la Vega no aclaró si el Gobierno está dispuesto a cumplir.
Pegas de Zaplana
No hizo falta. Antes incluso de conocer el contenido de la propuesta del Ejecutivo, Zaplana aseguró que su partido no firmará el acuerdo. Ante la posibilidad de que el Gobierno acabe aceptando todas y cada una de las demandas de Rajoy, el portavoz del PP añadió dos nuevas. La primera es que Zapatero aparte a Jesús Caldera
de las competencias sobre inmigración. Zaplana no pidió la dimisión del ministro como han hecho en otras ocasiones él mismo o la secretaria de Política social del PP, Ana Pastor, que recientemente llegó a decir «váyase, señor Caldera», sino que se le aparte de la gestión de la inmigración. La segunda exigencia del PP al Gobierno para firmar el pacto es «reconocer su error, poner orden en su propia casa y atender las propuestas sensatas que hace el PP» en esta materia.
Lo cierto es que éste último parece el único escollo para la firma del acuerdo, dado que la última remodelación del Ministerio de Interior ha retirado a Caldera casi todas las competencias sobre la inmigración ilegal y la cooperación internacional sobre extranjería, que serán asumidas por la nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, bajo el mando de Rubalcaba en Interior. En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ya sólo quedan las competencias sobre inmigración legal e integración de los residentes extranjeros.
El propio Rajoy abundó ayer sobre sus propuestas y aseguró que las competencias de inmigración deberían ser europeas. «Si no, si las reglas del juego son distintas, toda la gente irá, en este caso a España, que es el país que tiene mejores condiciones en este momento», incidió. El líder del PP abogó por que la Unión Europea firme «acuerdos de readmisión de ilegales con todos los países» y priorice las ayudas económicas al desarrollo para aquellos países que colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
La propuesta de pacto por la inmigración recibió mejor acogida por parte de Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria, que la consideraron positiva y necesaria. Izquierda Unida no la rechazó, pero puso condiciones y exigió al Ejecutivo una aclaración por asumir «posiciones de derechas» en su política migratoria. Su líder, Gaspar Llamazares, rechazó «la mano dura y el alarmismo» porque significaría «volver atrás con resultados contraproducentes».
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