A dos días del inicio de la campaña electoral, el PP catalán subió un peldaño más en su escalada en favor de una inmigración "legal y ordenada". En Santa Coloma de Gramenet, histórico feudo socialista del cinturón de Barcelona, la candidata Alicia Sánchez-Camacho presentó un contrato de inmigración que se vincularía al permiso de trabajo y residencia. El documento tiene pinta draconiana porque obligaría a los trabajadores extranjeros a comprometerse a cumplir las leyes; respetar los valores y costumbres del país; pagar impuestos y cotizaciones; aprender los dos idiomas oficiales de Cataluña; trabajar activamente por integrarse y... "a volver a su país si por un espacio de tiempo se ha quedado sin trabajo y oportunidades de ganarse la vida", señaló la candidata.
"Tendríamos que consensuar entre todos los partidos cuánto tiempo tendríamos que dar a los inmigrantes para el retorno voluntario a su país", defendió la también senadora en un capítulo más de su polémica cruzada contra la inmigración que ha llevado incluso al edil de Badalona Xavier García Albiol a ser investigado por la fiscalía por un delito provocación a la descriminación por motivos racistas.
El PP catalán ha explotado el asunto desde que hace más de un año anunció que quería introducirse electoralmente en el área metropolitana. A primeros de año, Sánchez-Camacho distribuyó en Badalona unos folletos con las fotos de una pancarta que pendía de un balcón en la que se leía "fuera rumanos" y en octubre se paseó en Badalona con una diputada del partido de Sarkozy interesada por saber si en esa ciudad había campamentos de rumanos. Pese a las críticas que ha recibido, Sánchez-Camacho sigue la línea del edil del Ayuntamiento de Barcelona Alberto Fernández Diaz, que ya presentó en Girona un certificado de buena conducta de los inmigrantes. "Ese certificado lo propuse hace años ya en el consistorio", se vanagloria.
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