Un nuevo envío de diez inmigrantes ilegales a la Comunidad Valenciana —dos en una semana, el pasado puente de Todos los Santos y el viernes— ha provocado el malestar de la Generalitat, que considera la situación «insostenible» si el Gobierno no restablece el Fondo de ayudas para la inmigración. El Gobierno ha enviado desde 2005 un total de 182 ilegales a la Comunidad desde Barcelona, al margen de Canarias, Ceuta y Melilla.
En este sentido, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, volvió ayer a exigir al Gobierno central una financiación acorde con la realidad migratoria. «Zapatero y su Gobierno nos mandan inmigrantes ilegales que correspondería atender a Cataluña, que recibe el doble de ayudas a la inmigración que nuestra región» —15,6 millones de euros frente a 7,6 millones—, «en lugar de la financiación que merecemos por cantidad y porcentaje de población inmigrante y por recursos de acogida».
Cabe recordar que el Gobierno ha recortado el Fondo de Acogida e Inmigración en un 65%, y ya ha aprobado otro recorte del 40% adicional para 2011, lo que a juicio de Blasco «pone en serio peligro las labores humanitarias y la cobertura de las necesidades básicas a estas personas». Para atender a los 884.622 inmigrantes que residen en la Comunidad, el Consell necesitarían recibir el triple de lo que percibe del Estado.
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