Aunque todos estos preceptos son materias de control estatal y, por ende, del Gobierno. Las fuerzas catalanas no renuncian a influir para que el Ejecutivo central varíe sus políticas para adecuarlas a sus objetivos o exprimir sus competencias para lograrlo.
Esquerra propone, así, que los extranjeros tengan acceso a la nacionalidad con cinco años de residencia ininterrumpida, el PSC se inmiscuye en las políticas de fomento de regreso voluntario de los inmigrantes que quieran volver a sus países de origen, Ciutadans se aventura a reclamar que se exija el visado europeo de trabajo y residencia, CiU que la Generalitat sea determinante a la hora de decidir si se ponen en marcha nuevos procesos extraordinarios de regulación y el PP que se exija la residencia de larga duración para conceder ayudas sociales no básicas como becas o crear una unidad policial especial para el control de la inmigración. 'Populares' y convergentes también pretenden incentivar la contratación en origen, favoreciendo la más "cercana" cultural y lingüísticamente, en caso del partido dirigido por Alicia Sánchez-Camacho.
Un buen saco de propuestas que versan sobre el 15,9% de la población catalana y tienen visos de decidir el color de más de un voto.
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